Movimiento Docente
Letras y Números: Consenso, Ética y Responsabilidad
PARA VIVIR MAÑANA…
“Para vivir mañana debo ser una parte
de los hombres reunidos…
la tierra es ancha e infinita
cuando los hombres se juntan.”
Washington Delgado
Después de la tormenta, algo aquietados los ánimos, es tiempo de iniciar una seria y responsable evaluación de los acontecimientos, con la intención de rescatar una perspectiva que nos permita renacer como comunidad universitaria y enfrentar con esperanza el futuro. Consideramos que el corolario final de todo lo acaecido es negativo para la universidad y quienes asuman lo contrario pecarán de soberbia, autoritarismo y sectarismo. Es indispensable revertir el deterioro de la imagen de nuestra institución porque nos ha perjudicado a todos; por ello, debemos abandonar o dejar en suspenso las actitudes anteriormente señaladas para intentar una paulatina recuperación colectiva.
Tal como afirmamos en nuestro pronunciamiento del 2 de marzo de 2010, el proceso electoral concluido ha sido decisivo no sólo para la Decana de América, sino para todo el sistema universitario. Aunque, al reiterar nuestra afirmación premonitoria, no nos referimos principalmente a la eminente modificación de artículos de la Ley Universitaria 23733, sino a lo que los sucesos de estos últimos cuatro meses nos han dejado como experiencia o aprendizaje, más allá del sentimiento de desazón, fastidio o hartazgo.
Tomemos en consideración los conceptos que los analistas han propuesto para pensar la educación superior del siglo XXI; Pablo Gentili, por ejemplo, ha afirmado que “las universidades democráticas deben ser espacios de producción y difusión de los conocimientos socialmente necesarios para comprender y transformar el mundo en que vivimos.(…) [porque] nos ayudan a leer el mundo y entenderlo y a imaginarlo”[1]. Algunas de las preguntas que las elecciones en San Marcos nos dejan son las siguientes:
- ¿Cuáles son los principios, valores y prácticas que la conducta de los actores políticos han refrendado frente a la comunidad universitaria?
- ¿Qué actitudes, habilidades o conocimientos diferentes han manifestado en su comportamiento que nos ayuden a cambiar el escenario nacional?
- ¿Dónde radica la posibilidad de cambio y reconstrucción de la universidad pública?
Responder a estas preguntas, nos sirve para realizar una primera evaluación de lo acontecido, pero es necesario antes precisar algunos principios esenciales para establecer con claridad la intención de nuestras palabras: nuestra exposición no pretende denunciar un conjunto de mentiras ni de falsedades que se desvanecerán cuando enunciemos la verdad; tampoco buscamos establecer juicios y sanciones para casos individuales o específicos; y, mucho menos, intentamos proponemos como los únicos autorizados para opinar por considerarnos infalibles o lúcidos.
Creemos que más allá de la buena o mala intención consciente de los docentes involucrados, nuestra exhortación a favor de la construcción en San Marcos de una comunidad académica sólida y solidaria debe refrendarse en nuestro propio análisis. En tal sentido, postulamos que la identidad sanmarquina de los docentes está por encima de las prácticas erradas en las que caen algunos colegas porque claudican ante lo que constituye un sistema ideológico dominante, cuya estructura tiende a aislar, fragmentar y encerrar las conciencias individuales en detrimento de una acción concertada, democrática y colectiva. Por ello, nuestra crítica se orienta a hacer visible dicho cuerpo de creencias y prácticas, que entendemos es mucho más que una simple colección de mentiras, falsedades o tácticas evasivas, porque sino su sobrevivencia durante décadas no se explicaría.
Asimismo, nuestra evaluación opta por un punto de vista impersonal porque, como ha precisado Pierre Bourdieu, “toda toma de posición sobre el mundo social se ordena y se organiza a partir de una posición determinada en ese mundo, es decir, desde el punto de vista de la conservación y el aumento del poder asociado a esa posición”[2]. En consecuencia, utilizamos dicho punto de vista para no pretender llevar exclusivamente agua para nuestro molino ni juzgar a las personas, tampoco se trata de temer divulgar “los secretos de la tribu”. Buscamos reforzar la construcción de una comunidad solidaria y sólida sin satanizar a nadie, porque ubicamos nuestra propia identidad como grupo o movimiento dentro de San Marcos.
En tercer lugar, luego de la exacerbación de los enfrentamientos, conflictos y diferencias entre los distintos grupos docentes y estudiantiles de la universidad, se impone una perspectiva ética que rescate, como lo ha formulado Emmanuel Levinas[3], por encima de la soberbia y el autoritarismo hegemónicos, un sentido solidario con el Otro donde éste me afecta y me importa, incluso a pesar de las discrepancias o equívocos, porque no podemos guardar distancia con un colega o joven estudiante, aun y sobre todo cuando está en el error, en falta o en derrota, dada nuestra condición docente y su magisterio.
Sobre estos criterios intentemos responder a los interrogantes.
1° Fortalecer una comunidad universitaria sólida y solidaria
¿Cuáles son los principios, valores y prácticas que la conducta de los actores políticos sanmarquinos ha refrendado frente a la comunidad universitaria? La respuesta es clara: en lugar de distanciarnos del circo y la feria electoral al que asistimos cada vez que hay elecciones en el escenario nacional, los grupos participantes han reiterado e incluso incrementado el arribismo, el oportunismo y el cinismo como principios rectores de su conducta. Esto ha generado una claudicación frente a los valores del autoritarismo, el corporativismo y el sectarismo, de modo que las elecciones universitarias han sido expresión cabal de un comportamiento carente de respeto, tolerancia y diálogo alturado propio de un proceso acendradamente democrático.
Si la acción de ejercer el derecho a elegir constituía una excelente oportunidad para que la comunidad universitaria pudiera enmendar sus errores anteriores, mostrar una madurez y responsabilidad acordes con los retos que debe enfrentar la institución, tal como manifestamos en nuestros comunicados durante la campaña, la ocasión se ha desperdiciado. Era indispensable exhortar “a todos los colegas a participar en este proceso electoral próximo integrando un frente amplio de defensa de la universidad”. En tal sentido, “invocamos al diálogo entre las agrupaciones democráticas frente a la necesidad de dejar de lado discrepancias parciales o interpretaciones diferentes para unir esfuerzos a favor del retorno a la democracia, en defensa de la institucionalidad, por la racionalización y optimización de los recursos de la universidad. La unión y la acción conjunta se justificaban por la grave crisis que vive San Marcos”.
Nuestra prédica fue desoída.
Esto se produjo principalmente por la inmadurez e irresponsabilidad de la comunidad académica de
En la indolencia cómplice frente a esta actividad proselitista radica la clave del deterioro de la vida democrática en nuestra universidad, que el último proceso electoral, en particular, ha puesto en evidencia. Si bien todos tenemos una parte de culpa por lo que viene sucediendo, la principal responsabilidad de esta profunda crisis recae en el actual rector, Dr. Luis Izquierdo, y su entorno anuente de gobierno, cuyo afán de continuismo en el poder –que no lo podrían negar– y cuyas prácticas antiéticas lograron que el autoritarismo de la gestión se transformara en prepotencia, que el oportunismo se convirtiera en incompetencia para la administración de
Tan obnubilados estuvieron que perdieron de vista la proporción de sus movidas antirreglamentarias al punto de sobrepasar los límites. Lo que obtuvieron fue poner en evidencia que manipulaban las reglas del juego democrático para utilizarlas a favor de su continuismo, con lo que
Como docentes comprometidos con nuestra universidad, expresamos en reiteradas ocasiones, en forma oral y escrita, nuestra convicción de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es responsabilidad de todos, compromiso colectivo. Eso supone una única respuesta auténtica de los colegas frente a la crisis flagrante de la institución para superar la indiferencia y el oportunismo generalizados. Es la unidad solidaria de los integrantes de la comunidad sanmarquina (profesores, estudiantes y administrativos) lo único que puede salvar a la Universidad Mayor del país.
Este punto aparece como condición primera para detener el proceso de deterioro de la universidad nacional porque las sucesivas políticas de Estado han puesto en evidencia el desinterés y la indolencia de la clase política nacional, la sociedad civil y los grupos económicos frente al destino de la educación superior. En el contexto de la internacionalización de la enseñanza universitaria, este abandono de la universidad pública en manos del mercado ha promovido valores antisolidarios y egocentristas, que explican la proliferación de posturas autoritarias, que van de la mano de la corrupción y el oportunismo. Este cuerpo de creencias dominantes en la vida cotidiana es el primer obstáculo para que los actores sociales y políticos puedan entender y asumir a la universidad pública como columna vertebral de un proyecto nacional de desarrollo sostenible. Esta meta es posible de conseguir si se toma la decisión política consensuada, como lo demuestran los casos de Irlanda, India, China o Brasil.
Si deseamos con firmeza salir de esta profunda crisis, debemos recuperar un sentido ético en nuestra relación con la universidad y superar, en primera instancia, la indiferencia frente a su destino. Si los imperios y las naciones pueden desaparecer, como lo muestra la historia, una institución, por más añeja y centenaria que sea, también puede extinguirse; por lo mismo, requiere del compromiso de todos sus integrantes para revertir sus dificultades y convertirlas en un nuevo impulso revitalizador. Esta política universitaria nefasta en consonancia con la globalización en curso, que ha internacionalizado la educación superior, han desnaturalizado el sentimiento comunitario de las universidades latinoamericanas, como lo señalan los estudiosos al respecto.
Ellos han advertido que nos encontramos frente a un quiebre de la identidad como comunidad académica, pues parece que “nuestra identidad profesoral se encuentra en tránsito del académico al consultor internacional, porque prestigio, pecunia y privilegio ya no provienen de la institución universitaria, sino de las fuentes de financiamiento, ya sea de agencias bancarias (nacionales e internacionales) o el gobierno central”[4]. En etapas de inestabilidad y desgobierno, el individualismo profesional y la competencia investigadora de un sector de los docentes, en lugar de constituir un factor positivo de desarrollo académico, se convierten en un mecanismo que incide en forma negativa en la diversidad y fragmentación del cuerpo docente y, por ende, en la debilidad de la comunidad académica.
En tal sentido, quienes como profesores buscamos una alternativa seria ante la crisis actual, tenemos la tarea de promover un amplio debate interno, a través de círculos de docentes por áreas, sobre el futuro de la universidad pública que culmine en aportes, lineamientos o propuestas para una ley de la educación superior en el Perú. Este documento debe expresar una concepción colectiva de la comunidad académica, que permita hacer visible un discurso o propuesta de ley diferente. A partir de dicho amplio diálogo se debe de formular un programa de clara orientación académica y científica para que por consenso se aplique las próximas tres décadas o más, que permita revertir la dispersión y fragmentación individualista, la fascinación violentista y el estancamiento institucional. Asimismo, pugnamos porque, superando diferencias de interpretación y afanes de protagonismo, se apruebe e implemente en forma consensual, sin voluntad intolerante ni pretensión de hegemonía exclusiva, sino alentando la alternancia y el compromiso frente a puntos estratégicos que deben ser incuestionables, pues benefician a todos en tanto desarrollo académico y producción científica.
2° Construir una perspectiva de desarrollo académico sostenible a largo plazo
Para responder a la segunda pregunta, ¿qué actitudes, habilidades o conocimientos diferentes han manifestado los grupos políticos universitarios en su comportamiento que nos ayuden a cambiar el escenario nacional?, es necesario reiterar lo manifestado en nuestro documento del 02.03.10:
Nuestro grupo de opinión Letras y Números: Consenso, Ética y Responsabilidad, fue fundado en enero de 2007, un año después de la elección del actual rector y sus vicerrectores. La gran mayoría de nuestros integrantes son profesores de reconocida trayectoria como investigadores y con una vasta experiencia universitaria. En nuestra página web (www.letrasynumeros.net) y en el blog de nuestro movimiento (lasletrasylosnumeros.blogspot.com) se divulga información donde se aprecia en forma clara –a través de los pronunciamientos, manifiestos y documentos publicados–, la postura de oposición que, desde setiembre de 2007, nuestros representantes en la Asamblea Universitaria e integrantes del grupo han mantenido frente a la gestión del actual rector. Por este motivo, sufrimos de constantes y sistemáticas demoras, dilaciones y postergaciones para el cumplimiento de nuestras labores académicas.
En las elecciones de los representantes docentes auxiliares realizada el año 2009, conformamos con los colegas de Acuerdo Institucional Sanmarquino (AIS) un frente amplio de oposición a la actual gestión, grupo con el que participamos del proceso electoral señalado. Entre enero y marzo del presente año, volvimos a proponer, a través de pronunciamientos publicados, la conformación de un gran frente ético para el proceso electoral de este mayo 2010 y, por consiguiente, participamos en reuniones con los colegas mencionados, y con otros grupos y movimientos que se adhirieron.
A fines de marzo, AIS al proponer, en forma irrevocable, como única posibilidad, que se participara incorporando algunos candidatos nuestros, pero con el nombre de esa agrupación, mostraron actitudes, habilidades y conocimientos propios del más típico sectarismo político. Esta posición intransigente, luego de tanto tiempo invertido, fue asumida como una “tomadura de pelo” y rechazada por los representantes de las demás agrupaciones: fue su soberbia y afán de protagonismo lo que produjo la ruptura de esa oposición unificada.
Días antes de cerrarse la inscripción para el proceso último, a pesar de que mantuvimos hasta el último momento la posibilidad de que se integraran para constituir un gran frente de oposición, ellos insistieron en dividir las fuerzas contra la corrupción gobernante utilizando argumentos falaces y distorsiones evidentes de lo acontecido, hasta el punto de aceptar dejar de lado su sacrosanto nombre de grupo para conformar una lista, Acuerdo por San Marcos N° 1, especialmente con el grupo Convergencia Sanmarquina y el movimiento docente Renovación y Desarrollo de medicina, con la intención de aparecer como la única lista de oposición.
Con la intención de canalizar el supuesto descontento de la mayoría docente, justificaron una postura ambigua y deshonesta que buscaba evitar que pudiéramos participar en el proceso. Por eso utilizaron diversas mentiras con las que pretendían impedir que consiguiéramos el respaldo de firmas de los colegas. Nos acusaron de estar a favor del rector, de ser una facción escindida liderada por Víctor Peña, a quien calificaban de único responsable de la elección de Izquierdo, y que pretendía ser rector. Asimismo, pregonaban que no teníamos ningún peso electoral por ser un “minúsculo grupo insignificante”.
Las “movidas y argucias” promovidas por estos colegas, puestos en evidencia por su anuencia posterior a postular con otro nombre, no pueden ocultar el que negociaran incluso con el propio grupo oficialista, que les solucionó problemas insalvables para poder postular como lista. Por ello, en la composición de sus listas de candidatos estuvieron en alianza con sectores que, pese a manifestar estar en supuesto desacuerdo con el actual rector, aceptan premios, reciben pronta atención a sus presupuestos, conversan y viajan permanentemente con él, como es el caso de
Asimismo, fueron ellos los que, habiendo obtenido facilidades para conformar su lista, se sorprendieron cuando nosotros culminamos, horas antes del cierre, la tarea de congregar a otros grupos como Unidad Democrática Sanmarquina dispuestos a una auténtica oposición a la corrupción, al oportunismo, a la improvisación, con los que constituimos el frente Consenso por San Marcos, Lista Nº 3, con el que participamos del proceso electoral.
Ante esta situación, optaron por calificarnos de “lista oficialista”, con palabras de su personero, sin percatarse de la curiosa contradicción de que estuvieron en alianza con nosotros un año antes. ¿Cómo fue que estuvieron antes aliados con nosotros si no éramos de oposición? Asimismo, pese a que les expresamos en forma transparente que en varias facultades nuestras fuerzas eran decisivas para vencer al oficialismo, optaron por aliarse con quienes habían manifestado en anteriores gestiones su marcada tendencia autoritaria y oportunista, para “aislarnos”, como por ejemplo, en las Facultades de Letras, Física, Biología, Química e Ing. Química, Sistemas, Contablidad, entre algunas. Estaban seguros que iban a lograr una masiva y absoluta mayoría en las elecciones porque, como lo reiteraron muchas veces, eran “la única fuerza de oposición reconocida por las bases”. Con sus mentiras, AIS sólo consiguió alrededor de 180 votos para sus representantes de los profesores principales en
Los resultados electorales pusieron en evidencia que, si hubieran dejado de lado su sectarismo y soberbia, la sumatoria de los votos de ambas listas hubiera podido significar la derrota absoluta del oficialismo y el continuismo, tal como en la evaluación tentativa cuando estábamos en la mesa de conversación se pudo apreciar. La conformación de un gran frente amplio de oposición sí fue posible y pudo obtener una victoria histórica, pero, como pueden dar fe los representantes de los otros grupos asistentes a las reuniones, fueron los colegas de AIS quienes frustraron la conformación del mismo, confiados en que sólo ellos eran la alternativa a la actual gestión rectoral.
¿Cómo entender esta conducta que manifestaba actitudes, habilidades y conocimientos típicos del tradicional oportunismo político que caracteriza la escena nacional? ¿Por qué estos colegas quieren tener la exclusividad e infalibilidad cuando se trata de la acción política universitaria? ¿De dónde proviene esta suerte de fundamentalismo ideológico? La respuesta probablemente se encuentre en la matriz marxista de donde provienen sus principales representantes y operadores, con la carga religiosa propia de los partidos de izquierda de los años anteriores.
El origen de esta práctica la encontramos en una confusión que la actividad revolucionaria de izquierda padeció y que requiere una clara distinción. La política bolchevique tendía a confundir la organización partidaria con la del Estado, de manera que consideraba que todo cargo o responsabilidad de algún organismo estatal debía ser asumido por gente “del partido”, es decir, de la propia organización política. De ello se hizo un dogma y una religión. En tal sentido, estos colegas confunden la universidad pública, que pertenece como institución a la sociedad civil, con una entidad propia de la sociedad política. El primer tipo de organización se sustenta en afiliaciones voluntarias, es decir, regidas por principios racionales no coercitivos, como son las escuelas, los sindicatos, las asociaciones o clubes, etc.; el segundo tipo, responde a necesidades de dominación, control y manipulación del Estado, es decir, responde a jerarquías de poder y líneas de autoridad o mando, cuya racionalidad no está en discusión ni en debate sino que se sustentan en el simple ejercicio del gobierno, como sucede en el ejército, la policía o la burocracia.
Ello explica que en la actuación de AIS el oportunismo se convirtiera en sectarismo, el autoritarismo de sus decisiones en iluminismo y su soberbia ideológica en tozudez. Han sido el complemento idóneo del partidismo aprista dominante en la escena nacional y en la cúpula que gobierna con el rector. Lo más triste es que sus anteojos les impiden ver lo ocurrido y sacar las lecciones del caso, pues colisiona con su infalible accionar. Es paradójico que quienes se asumen como la vanguardia esclarecida que busca el bien universal tengan una práctica regida por intereses particulares por los que son capaces de hacer lo que critican a los empresarios imperialistas: colocar en primer lugar su beneficio corporativo.
Esto ha sido advertido por los estudiosos de la educación superior que han definido la situación paradójica de algunas universidades, controladas por pocos integrantes de la comunidad universitaria, del siguiente modo: “las universidades que teóricamente se rigen por fines universales se comportan de manera particularista mientras que las corporaciones transnacionales que tienen intereses particulares se expresan de manera universal”[5]. Corporativismo es el nombre de esta distorsión que coloca las necesidades de una organización docente por encima de los de la institución y la nación. Deberían empezar por una autocrítica y preguntarse, al final, ¿qué obtuvieron? La respuesta nos lleva a desarrollar otro punto, pues tiene que ver con los sucesos posteriores a las elecciones.
3° Afirmar una cultura democrática del diálogo y la solidaridad
¿En dónde radica la posibilidad de cambio y reconstrucción de la universidad pública? Ningún grupo u organización universitaria puede arrogarse la respuesta, pero lo que sí sabemos es que lo que hicieron los colegas de AIS no constituye una solución ni una salida a la crisis.
Los integrantes del grupo de opinión Letras y Números: Consenso, Ética y Responsabilidad hemos manifestado nuestro agradecimiento a los numerosos docentes que votaron por nuestra Lista Nº 3, Consenso por San Marcos. Estamos convencidos que, a pesar de no haber logrado representantes para la Asamblea Universitaria, los docentes principales y asociados (269 profesores) que respaldaron nuestra propuesta constituyen la reserva ética de nuestra centenaria casa de estudios. Ellos han sabido ser fieles a sus principios y no ceder ante la presión, las amenazas ni la campaña de insultos e infundios de que fueron objeto nuestros candidatos. Por ello, expresamos nuestro compromiso con cada uno de ellos y nuestra convicción de persistir en la lucha por construir una comunidad académica respetuosa de las normas, dialogante y digna de la tradición de la universidad Decana de América.
Asimismo, respecto a la decisión tardía del Comité Electoral de declarar nulo el proceso electoral en la Mesa de Principales de la Facultad de Medicina Humana, cuyos resultados resultaban decisivos para definir la lista ganadora de los representantes de esa categoría a la Asamblea Universitaria, reiteramos, en un comunicado del 27 de mayo último, nuestro cuestionamiento a la composición de dicho órgano electoral. Lamentablemente, este ha actuado sin dar explicaciones ni sustento a sus interpretaciones porque, simplemente, en su composición no hay representación de la minoría, como establece expresamente el artículo 39 de la ley universitaria. Exigencia de recomposición que expresamos oportunamente en carta notarial al Rector, para que en muestra de transparencia y respeto a la democracia lo modificara. Nuestra exigencia fue desoída, no sólo por el Rector, sino por quienes estaban más interesados en armar listas que en iniciar un recurso de amparo al respecto.
Lo sucedido constituye una falta de respeto a toda una institución y, en particular, a más de 200 profesores de la Facultad de Medicina que expresamente votaron y que –de la manera más sorprendente– fueron ignorados. ¿Cómo entender la absurda decisión del Comité Electoral de anular sólo la elección de los representantes de los docentes principales para el Consejo de Facultad de Medicina y no para la Asamblea Universitaria?
Asimismo, apenas ocurrida la arbitrariedad, expresamos que las discrepancias en cuanto al análisis de la política universitaria y las formas vedadas utilizadas en la campaña electoral, no impiden que seamos solidarios en cuestiones de defensa de los principios democráticos. Por lo que exhortábamos a la lista beneficiada con este “error” a respetar la expresión de la voluntad de los colegas de las ánforas.
En las semanas posteriores a las elecciones, el actuar de los colegas de AIS ha sido, por decir lo menos, contradictorio. En su afán de revancha frente al autoritarismo del oficialismo, han apelado a la clase política nacional a través de los medios y utilizado a los estudiantes del mismo modo como el Rector lo hiciera. Sin duda, acciones abusivas y prepotentes generan justa indignación, pero resulta indispensable no perder la serenidad y actuar con ponderación, en el marco de las normas vigentes y de los principios que uno dice respetar. La reacción no puede ser desmesurada y excesiva, porque le hace el juego a quienes precisamente están acostumbrados a infringir las leyes para propiciar el desgobierno, la pérdida de legitimidad de la democracia interna.
La prensa y los medios de comunicación pueden servir para hacer público casos de corrupción, como lo ha demostrado el papel que jugaron en la caída de Fujimori. Sin embargo, no todas las denuncias justificadas de actos ilegales o prácticas abusivas son difundidas ni culminan en una campaña exitosa. A veces sirven para propagar información sensacionalista que hace juego a intereses de sectores políticos o económicos. En tal sentido, recurrir a los medios de comunicación puede ser una alternativa riesgosa y hasta contraproducente para la efectividad de las vías de derecho, sobre todo porque debemos aceptar y respetar los resultados electorales, en especial cuando son contrarios a nuestra posición. Muy a nuestro pesar, la lista oficialista fue respaldada por un amplio sector de los profesores; por ello, obtuvieron mayoría en asociados y lograron, al anular la mesa de de Medicina, declarar su victoria en principales. La elección de la gran mayoría de los consejos de facultad expresó opciones a favor del oficialismo. Son pocos los resultados donde este fue derrotado, pero constituyen manifestaciones claras de la voluntad democrática de los docentes, cuya actitud ética merece nuestro más sincero reconocimiento.
Al iniciar la campaña mediática de denuncia sin haber agotado la instancia jurídica interna y constitucional, el sectarismo de AIS coincidió con el oportunismo político del actual gobierno aprista, que aprovechó la ocasión para levantar una cortina de humo sobre los conflictos sociales nacionales. Cuando la inicial denuncia de fraude electoral en San Marcos, de restringido interés para el público, se desplazó hacia la noticia de la marcha por la amnistía de la cúpula senderista, sectores del gobierno aprista utilizaron la oportunidad para promover una imagen sensacionalista de nuestra universidad como territorio de prédica terrorista, con lo que, indirectamente, alentaban un sentimiento de crecimiento del violentismo, de permisividad de las autoridades y de inacción de las fuerzas policiales, que daban argumentos a favor de quienes reclamaban el retorno de la mano dura encarnada en las candidaturas del fujimorismo y promovían un intervención en San Marcos.
Al amparo de la notoriedad que nuestra universidad experimentó en esos días, el desgobierno y la improvisación de la actual gestión rectoral, que beneficia mucho más a otros grupos marginales y no solamente a los senderistas, se hizo visible fuera del campus, con consecuencias desastrosas para la imagen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sobre los escombros del prestigio académico de la universidad más antigua del continente, los colegas de Acuerdo obtuvieron un dictamen de modificación de la Ley Universitaria Nº 23733 en lo que respecta a la elección de las autoridades, para que sea por elección universal de la comunidad (docentes y estudiantes) y no por designación dentro del Claustro.
Sin considerar el grave deterioro que han ocasionado a la imagen de todos los sanmarquinos, los colegas de AIS, en un ejemplo de ceguera sectaria absoluta, presentan el voto universal, que sanciona la propuesta de enmienda de ley, como la “radicalización de la democracia”, la “irrupción de nuevos actores”, pues consideran que “se abre así una nueva e inédita etapa para la maltrecha universidad pública peruana”, donde San Marcos, de la mano de estos iluminados puede “retomar el liderazgo” frente a las otras universidades del país.
¿A cuáles nuevos actores se refieren?, ¿qué significa radicalización de la democracia?, ¿cómo la “maltrecha universidad peruana” ha ingresado a una nueva etapa? De acuerdo con la propuesta de enmienda de la ley, la elección del rector, vicerrectores y decanos será “en votación universal, transparente, obligatoria, directa, secreta y ponderada por la comunidad universitaria, conformada por docentes y estudiantes”. En tal sentido, estos son los actores de siempre, pues lo que cambia es la modalidad, al dejar de ser elegidas dichas autoridades por los representantes, en mayoría y minoría, dentro de los órganos de gobierno: Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad. Este cambio no constituye ninguna radicalización sino ampliar la base de los electores, lo que parece verse como una profundización del sistema. ¿Significa que la participación se ampliará y desaparecerán los operadores políticos? ¿Cuál ha sido la conducta de docentes y estudiantes en las experiencias de votación anteriores?
Históricamente, los resultados muestran que los procesos electorales para establecer a los representantes a los órganos de gobierno han sido un terreno propicio para que proliferen “los operadores corruptos, que hicieron de la política una fuente de prebendas y de la universidad un botín”. ¿Se modificará, con estos cambios en la ley, la falta de conciencia ética, de responsabilidad y de consecuencia de los docentes adeptos al oportunismo o el corporativismo? ¿El comportamiento de la comunidad docente se trocará en democráticamente ejemplar gracias a estas enmiendas? Creemos que no. En el caso de los estudiantes, el asunto es más evidente. Desde hace varios años, la gran mayoría de los alumnos no asiste, vota en blanco o viciado y es una escasísima minoría, que con las justas supera el diez por ciento (10 %), la que accede a los órganos de gobierno y toma decisiones sobre la marcha institucional. El desinterés de la gran mayoría de estudiantes con respecto a las votaciones, es una consecuencia de que un grupo de ellos decidan casi siempre (ya sea en los Consejos de Facultad o en
Ha pasado casi un siglo de la revuelta de Córdoba que impulsó la reforma universitaria. La realidad de la sociedad, el conocimiento y el estudiantado es muy diferente. Suponer que un maquillaje de la ley actual puede resolver algo más que un problema de coyuntura para la clase política y el gobierno es una ilusión o simple demagogia. De ninguna manera soluciona el problema estructural de la universidad peruana y, menos, el tema de la educación superior en el Perú. Esta se ha convertido en un lucrativo negocio (decreto 882), muy lejos del debate internacional acerca de la universidad del siglo XXI. No hay conciencia sobre lo fundamental de considerarla como un bien público, como eje de un plan de desarrollo nacional sostenible. Ante esta constatación, afirmar que se abre “una nueva etapa” para la universidad resulta irónico e insultante.
Aunque consideramos que las enmiendas puedan verse como útiles para detener el deterioro creciente de la institucionalidad, tenemos –como muchos otros colegas-, muchas discrepancias al respecto del voto universal, que deben servir para una evaluación seria, a fin de hallar una propuesta sanmarquina consensuada y responsable. El apresuramiento y la soberbia son malos consejeros, pues otorgan a paliativos o amputaciones la categoría de solución o cura, cuando deberíamos reconocer que el paciente necesita de la contribución de todos, porque su mal rebasa nuestro análisis y experiencia. Más que intentar copiar las modificaciones aplicadas en otros países, que no han significado una solución efectiva[6], deberíamos conocer y debatir las alternativas de las universidades de mayor excelencia y prestigio del mundo, para elaborar una propia, acorde con nuestra realidad socio-económica y cultural.
En ellas, las más prestigiosas, por ejemplo, existe un concurso público para ser rector, dado que las competencias de los docentes e investigadores en las labores académicas o científicas no capacitan para ser buenos administradores, por lo que el horizonte de la gestión universitaria no está dentro de sus expectativas. Más que aspirar a culminar su carrera como autoridad, los colegas de las universidades más ranqueadas trabajan preocupados en publicar los resultados de sus investigaciones en revistas como Nature o Science, en formar doctores, tal vez, sueñan más con obtener premios importantes (Nobel, Field Medals, entre otros), en generar patentes, y contribuir a la actividad científica y humanista. ¿Por qué la aspiración de un docente debe ser, necesariamente, la de ser autoridad?
Esta distorsión soberbia de lo acontecido y sus resultados coronan la cultura de la desconfianza y la confrontación que se ha impuesto en nuestra institución. Es innegable que la enmienda deja de lado la consulta, el debate y el diálogo con la propia comunidad, pues se produce a partir de una campaña distorsionadora y direccionada tendenciosamente en detrimento de la capacidad de opinión de los propios órganos de base de la universidad: departamentos, escuelas, institutos, consejos, etc. La universidad pública requiere de una revaloración y redefinición en el marco de una propuesta de reforma del sistema de la educación superior. Esta es la gran tarea a la que debemos abocarnos aquellos que pretendemos contribuir al desarrollo de nuestra universidad, pero sin la arrogancia o la soberbia de sentirnos los únicos autorizados o iluminados para emitir opinión, sino conscientes de que la solución no será producto de una enmienda, de un gesto caudillista o de un acto de revelación divina.
Necesitamos abrir un espacio para la reflexión y la propuesta, iniciar conjuntamente una etapa de recuperación y construcción. Condición necesaria para ello es afirmar una cultura del diálogo y de la solidaridad, que establezca los procedimientos para poder superar los tres grandes lastres de la vida universitaria: la indiferencia, el corporativismo y el predominio del corto plazo. Solo así la universidad pública será un factor de justicia, desarrollo y paz para la nación.
En una universidad pública, entendida como un bien público[7], el objetivo del proceso educativo no puede estar al margen del ideal de justicia. Este punto ha sido el eje de la crítica a la universidad globalizada, formulada por varios investigadores que consideran, de conformidad con la postura ética de Levinas, que lo esencial de la vida universitaria para el joven estudiante debe constituir la experiencia cognoscitiva de auto-descubrimiento y autocrítica que busca una respuesta responsable frente a lo ajeno y que recuerda la arbitrariedad e imposibilidad del conocimiento racional absoluto[8].
En el caso de la universidad Decana de América, esta perspectiva se sintetiza en la dimensión señalada de lo indispensable de una cultura del diálogo y la solidaridad que establezca el respeto, la dignidad y la tolerancia entre los docentes, estudiantes y trabajadores. Necesitamos cohesionarnos como una comunidad académica auténtica que enarbole el respeto irrestricto de los derechos humanos en todas nuestras actividades. Esta dimensión de los derechos humanos debe incorporarse como parte sustantiva de la formación que reciben los egresados sanmarquinos, cuyo perfil debe incluir, como una diferencia comparativa capital, su conciencia de la acción permanente por la conservación del medio ambiente y contra la contaminación, así como de la humanización de la vida contemporánea contra la cultura del espectáculo y el consumismo.
Las crisis de las instituciones no se producen de improviso y en forma súbita. Son consecuencia de una largo proceso, en el cual los objetivos de las mismas, que le han dado origen y justificación social, se enajenan y autonomizan para sus propios integrantes[9]. Esto se inicia con pequeñas y puntuales decisiones que toman sus miembros en función de intereses ajenos o contrarios a la racionalidad inherente a la práctica de la organización legítima. En forma sutil y continua, aquello que era insignificante y minúsculo va creciendo con el tiempo hasta convertir al propio sujeto en un extraño, ajeno a la teleología de la institución. Sólo la comunidad institucional, académica en el caso de la universidad, puede garantizar que en su continuidad este riesgo sea un factor positivo de impulso o cambio y no de disolución o negación. Una cultura del diálogo y la solidaridad deviene indispensable para garantizar que nuestra universidad no caiga en el síndrome de la impaciencia[10], aprenda de sus errores y proyecte su devenir hacia el futuro. La intención de este documento ha sido el contribuir a la realización de ese espacio que nos permita como comunidad universitaria retomando las palabras del poeta Washington Delgado: “vivir mañana” y “ser parte de todos los hombres reunidos”.
Miguel Ángel Huamán
Coordinador General Letras
Renato Benazic Tomé
Coordinador General Ciencias
[1]
[2] P. Bourdieu: Homo Academicus, Bs. As., Siglo XXI, 2008, p. 26.
[3] E. Levinas: Humanismo del otro hombre, México, Siglo XXI, 1994.
[4] Marcela Mollis, “Geopolíticas del saber: biografías recientes de las universidades latinoamericanas”, en Hebe Vessuri (Comp.), Universidad e investigación científica, Bs. As., CLACSO, 2006, p. 98.
[5] Philip G. Altbach y Patti McGill: Educación superior en el siglo XXI. Desafío global y respuesta nacional, Bs. As., Biblos, 2000, 12.
[6] “En cuanto a la elección del rector con los votos ponderados de todos los estudiantes, profesores y personal no docente, se trata de una medida considerada populista por numerosos colectivos, que podría poner en peligro la independencia política de estas elecciones. La posible ventaja de abrir el voto a toda la comunidad universitaria y de acercar a ella la figura del rector se contrapone al riesgo de que se politice en exceso esta figura y, junto a él, la universidad. La intención de aplicar esta medida para acabar con las deudas que contraen los rectores con los miembros del claustro que actualmente los elige podría llevar a sustituir estas deudas por otras contraídas con sectores políticos, sindicales o empresariales. Pero, sobre todo, al analizar la idoneidad de esta iniciativa hay un dato contundente: no existe nada similar en los países cuyos sistemas educativos sirven de referencia a España y esto hace que las dudas sobre su conveniencia sean especialmente razonables.”(Editorial del diario El País del 28.06.10)
[7] “Muchos creen que la universidad pública por su extensión y características es un bien común; es decir, un bien natural semejante al sol o al aire, que ha surgido en forma espontánea para beneficio de todos los seres humanos, por lo que consideran que a nadie se le puede excluir de su disfrute. Esta concepción errónea confunde una entidad surgida de la acción social y los recursos de la colectividad, la nación y el Estado con un objeto natural baldío y abandonado, solo para apropiarse de su beneficio en términos individuales y oportunistas. En lugar de proteger y utilizar de manera responsable los recursos que son de todos, esta visión aplicada sobre una entidad pública como la universidad genera la pérdida de su capacidad de servicio, problemas graves de gestión y degradación moral”.(Conceptos y estrategias para un Análisis Curricular exitoso, documento del Vicerrectorado Académico, UNMSM, 2009, p. 12)
[8] Bill Readings, The University in Ruins, Harvard University Press, 1996.
[9] cf. Guy Peters, El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política, Barcelona, Gedisa, 2003.
[10] Zygmunt Bauman, Los retos de la educación en la modernidad líquida, Barcelona, Gedisa, 2007.
